SANTIAGO. En enero de 2020, antes de que la OMS declarara la pandemia global, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dijo en Davos: “Si tuviera que identificar un tema con el que comienza la nueva década, sería el incremento de la incertidumbre”. Cinco años después, en abril de 2025, frente a los aranceles de Trump, señalaba: “Incertidumbre off the charts”. La incertidumbre se ha convertido en una condición permanente del contexto global actual. Invisible, pero con implicancias concretas para la economía, la política y las personas. Por eso, vale la pena detenerse en sus distintos aspectos y en cómo podemos enfrentar esta nueva normalidad.

Una forma de entender la incertidumbre es como algo que existe en el entorno. Eso es el objetivo de los índices de incertidumbre económica. Una de esas mediciones es el Global Economic Policy Uncertainty (GEPU) Index, desarrollado por Baker, Bloom y Davis (2016) a partir de la cobertura mediática, de los pronósticos fiscales y de las disposiciones tributarias. Este pasó de cerca de 200 puntos a más de 500 en cuestión de semanas en abril de 2025, debido a los anuncios de aranceles recíprocos de Trump el “día de la liberación”. Otro indicador es el World Uncertainty Index (WUI) Global, elaborado por Ahir, Bloom y Furceri (2022) para 143 países a partir de los reportes trimestrales de la Economist Intelligence Unit, que también mostró la misma tendencia. Ambos índices, al momento de escribir esta columna, siguen por encima de sus niveles previos al 2 de abril.

Los efectos económicos están ampliamente estudiados. Primero, mediante el efecto wait-and-see, la inversión y la contratación se congelan: cuando invertir resulta difícil de revertir, las empresas prefieren esperar antes de comprometerse. Segundo, ante un mayor riesgo de resultados negativos, los hogares ahorran más y gastan menos, las compras de bienes duraderos se posponen y la demanda cae. Tercero, la incertidumbre eleva el riesgo percibido por los intermediarios financieros, que responden subiendo el costo del crédito, lo que contrae aún más la inversión y la producción. Los tres canales operan simultáneamente (Bernanke, 1983; Leland, 1968; Gilchrist et al., 2014). El resultado es una contracción del crecimiento económico que puede volverse persistente si el entorno no se estabiliza. Bloom (2009) estimó que el aumento de la incertidumbre en 2008 y 2009 explicó cerca de un tercio de la caída del producto en Estados Unidos.

Pero antes del aumento de la incertidumbre económica de 2025, el Informe de Desarrollo Humano 2021/22 de la ONU, titulado Tiempos Inciertos, Vidas Inestables, marcó un giro histórico. Por primera vez desde que se midió el Índice de Desarrollo Humano en 1990, el indicador cayó durante dos años consecutivos: 2020 y 2021. El informe diagnostica una nueva condición que denomina “nuevo complejo de incertidumbre”. No se trata de crisis temporales que se superponen, sino de tres procesos que interactúan de manera permanente: las crisis ambientales, las transformaciones tecnológicas aceleradas y la polarización política creciente. La combinación genera una sensación estructural de vulnerabilidad que los indicadores económicos tradicionales no captan adecuadamente.

El informe va más allá del entorno y cuantifica la incertidumbre interna de las personas a través de cuatro fuentes que convergen en un único diagnóstico. Antes de la pandemia, las personas ya reportaban sentirse más inseguras. El Índice de Inseguridad Humana Percibida, elaborado a partir de la Encuesta Mundial de Valores, mostraba que seis de cada siete personas reportaban inseguridad en aspectos centrales de sus vidas. El Gallup Global Emotions Report registraba que el afecto negativo, el estrés, la tristeza, la ira y la preocupación alcanzaban su máximo histórico desde que comenzó a medirse en 2006. Un análisis de 14 millones de libros en inglés, español y alemán durante 125 años detectó un alza sin precedentes en expresiones asociadas a la depresión y la angustia, superando incluso los niveles de la Gran Depresión y las dos guerras mundiales, y los datos de búsquedas online confirman el mismo patrón. Cuatro fuentes distintas, el mismo resultado: el malestar subjetivo creció de manera sostenida, incluso cuando los indicadores materiales seguían mejorando en promedio.

Una de las innovaciones del informe consiste precisamente en ampliar el diagnóstico más allá de lo material. Los trastornos de salud mental aumentaron de forma significativa y el informe los aborda no solo como consecuencia de las crisis, sino también como obstáculo para enfrentarlas: la incertidumbre prolongada erosiona la capacidad de actuar y planificar. El problema central no es solo de recursos, sino de agencia: la percepción de que las propias acciones pueden influir en el resultado. Cuando esa percepción se pierde, la capacidad de acción individual y colectiva disminuye.

Una investigación con datos de 200.000 personas en 23 países mostró que el sentido de agencia, o control sobre la vida, es el principal determinante entre las condiciones socioeconómicas y los resultados en salud física y mental (Global Flourishing Study, 2024). Quienes sienten que sus acciones no afectan su destino tienen hasta 4 veces más probabilidades de reportar malestar físico. Y no es solo la pobreza absoluta lo que erosiona ese sentido de control, la desigualdad relativa también lo reduce, de manera sistemática y entre culturas (Callan et al., 2025).

Las consecuencias de esta sensación de incertidumbre guardan un vínculo directo con la política. Cuando las personas sienten que el suelo se mueve, buscan certeza. Gozyor (2022) analizó 24 países europeos entre 1980 y 2020 y encontró que a mayor incertidumbre económica, mayor apoyo al voto populista de derecha. Guriev y Papaioannou (2022) sintetizan la literatura: la inseguridad no crea el populismo de la nada, pero sí lo activa. Le da combustible a disposiciones que ya existían. Las condiciones de fondo ya estaban dadas. La incertidumbre las encendió.

El problema es que la respuesta política que prometió certeza produjo exactamente lo contrario. El momento de mayor incertidumbre económica registrado en los índices no fue la pandemia de 2020, sino abril de 2025. La búsqueda de certeza existencial generó, a través de la política, una mayor incertidumbre económica. Ese es el círculo vicioso en el que estamos hoy.

¿Cómo salir de esta trampa? La evidencia comparada sugiere un camino. A fines de los años setenta, el investigador neerlandés Geert Hofstede (1980) analizó a trabajadores de IBM en decenas de países y encontró que ninguna cultura tolera bien la incertidumbre. Lo que distingue a las sociedades que la manejan mejor no es una disposición psicológica superior: es la arquitectura colectiva que construyeron para contenerla. Normas, reglas, redes de protección, instituciones que funcionan. Países como Japón, con altísima aversión a la incertidumbre medida por Hofstede, la gestionaron precisamente porque construyeron estructuras que la reducen antes de que llegue al individuo.

Esta heterogeneidad cultural no es estática ni converge. Un estudio reciente, publicado en Nature Communications y que analizó datos de 76 culturas nacionales entre 1981 y 2022, encontró que los valores de tolerancia y autoexpresión han divergido de manera creciente, especialmente entre los países de altos ingresos occidentales y el resto del mundo (Hruschka et al., 2024). La brecha no se cierra con el desarrollo económico, sino que se amplía. Eso tiene una implicancia directa para América Latina. No es que seamos culturalmente incapaces de manejar la incertidumbre, sino que operamos con recursos institucionales más limitados para absorberla en un momento en que la distancia respecto de quienes más los tienen aumenta.

La investigación fue extendida por Bond y Hofstede (1988), quienes desarrollaron una nueva dimensión a partir del Chinese Values Survey: la Orientación a Largo Plazo. La dimensión mide cómo las sociedades equilibran sus vínculos con el pasado y con los desafíos del presente y del futuro. Las sociedades con alta orientación al largo plazo tienden a valorar la perseverancia, la adaptación pragmática y la acumulación gradual de resultados; las de orientación al corto plazo privilegian las tradiciones establecidas y los resultados inmediatos. Asia oriental muestra de manera consistente los valores más altos en esta dimensión; América Latina se ubica en el extremo opuesto (Hofstede, Hofstede y Minkov, 2010). Esto importa porque los desafíos que tenemos por delante no tienen soluciones a corto plazo. Requieren paciencia estratégica y acuerdos que trasciendan los ciclos electorales.

Cuando los aranceles de abril de 2025 cambiaron el entorno económico a nivel global, los gobiernos recibieron, de distintas formas, el mensaje de preocupación de los sectores privados. Lo interesante no fue solo la preocupación, sino hacia dónde se dirigió. Los empresarios buscaron al Estado. El impacto sobre sus negocios no era solo directo, sino también indirecto, a través del efecto en las economías a las que estamos integrados verticalmente. Chile formó un comité interinstitucional y transversal, con representantes del sector privado, del sector público y de expertos, para coordinar una respuesta nacional. Fue un momento en el que la articulación entre los actores demostró su valor y en el que el Estado, a través de la diplomacia económica, desempeñó un papel.

En definitiva, la incertidumbre humana y social no se resuelve con más incertidumbre económica, y menos aún con el desmantelamiento de las instituciones públicas nacionales y multilaterales que tomaron décadas en construirse. Se resuelve por la vía contraria: Estado que funciona, protección social que alcanza, coordinación público-privada transparente, horizonte de largo plazo creíble. La pregunta ya no es cómo volver al mundo de certezas del pasado, sino cómo construir sociedades capaces de prosperar en condiciones de incertidumbre permanentes.

Muchas de las transformaciones globales que he venido abordando en estas columnas, como la fragmentación geopolítica, la competencia tecnológica, las tensiones comerciales y los desafíos del desarrollo, comparten un denominador común: la incertidumbre. No parece que vayamos a regresar pronto a un mundo más predecible. La respuesta no es menoscabar las instituciones nacionales e internacionales, sino todo lo contrario: fortalecer lo común y crear las capacidades y los acuerdos que nos permitan actuar en medio de esta.

Referencias

• Ahir, H., Bloom, N., & Furceri, D. (2022). The World Uncertainty Index (NBER Working Paper No. 29763). National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w29763

• Baker, S. R., Bloom, N., & Davis, S. J. (2016). Measuring economic policy uncertainty. The Quarterly Journal of Economics, 131(4), 1593–1636. https://doi.org/10.1093/qje/qjw024

• Bernanke, B. S. (1983). Irreversibility, uncertainty, and cyclical investment. The Quarterly Journal of Economics, 98(1), 85–106. https://doi.org/10.2307/1885568

• Bloom, N. (2009). The impact of uncertainty shocks. Econometrica, 77(3), 623–685. https://doi.org/10.3982/ECTA6248

• Bond, M. H., & Chinese Culture Connection. (1987). Chinese values and the search for culture-free dimensions of culture. Journal of Cross-Cultural Psychology, 18(2), 143–164. https://doi.org/10.1177/0022022187182002

• Callan, M. J., et al. (2025). Personal relative deprivation and locus of control. PLoS ONE. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0223169

• Gilchrist, S., Sim, J. W., & Zakrajšek, E. (2014). Uncertainty, financial frictions, and investment dynamics (NBER Working Paper No. 20038). National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w20038

• Global Flourishing Study. (2024). Sense of mastery explains social patterning of health. PMC. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12248847/

• Gozyor, G. (2022). The role of economic uncertainty in the rise of EU populism. Public Choice, 190(1–2), 229–246. https://doi.org/10.1007/s11127-021-00933-7

• Guriev, S., & Papaioannou, E. (2022). The political economy of populism. Journal of Economic Literature, 60(3), 753–832. https://doi.org/10.1257/jel.20201595

• Hofstede, G. (1980). Culture’s consequences: International differences in work-related values. Sage.

• Hofstede, G., & Bond, M. H. (1988). The Confucius connection: From cultural roots to economic growth. Organizational Dynamics, 16(4), 5–21. https://doi.org/10.1016/0090-2616(88)90009-5

• Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). Cultures and organizations: Software of the mind (3rd ed.). McGraw-Hill.

• Hruschka, D., et al. (2024). Worldwide divergence of values. Nature Communications, 15, 3171. https://doi.org/10.1038/s41467-024-46581-5

• Leland, H. E. (1968). Saving and uncertainty: The precautionary demand for saving. The Quarterly Journal of Economics, 82(3), 465–473. https://doi.org/10.2307/1879518

• UNDP. (2022). Human Development Report 2021/22: Uncertain times, unsettled lives. United Nations Development Programme. https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2021-22

• Imagen: “Smile” de Mr. Brainwash.

A diferencia del comercio, la inversión instala empresas, infraestructura y capacidades productivas en los países. Define los empleos, las cadenas de suministro, el acceso a la tecnología y las posiciones de poder económico a largo plazo. Y en el contexto actual de fragmentación geopolítica, también se ha convertido en una herramienta estratégica para los Estados.

SANTIAGO. La semana pasada tuve la oportunidad de comentar el libro Economic Displacement: China and the End of US Primacy in Latin America (Urdinez, 2025), en el que se analizan de manera sólida los efectos del reordenamiento económico global en América Latina. Uno de sus capítulos presenta un experimento sobre preferencias sociales respecto del país de origen de un proyecto de inversión extranjera directa. Los resultados sorprenden: las personas son neutrales respecto al origen del capital; da igual si proviene de China, de Estados Unidos o de Arabia Saudita. Lo que importa es que genere empleo y contribuya a desconcentrar la economía. La única excepción es el cobre, donde se observa una clara preferencia por la empresa nacional.

Ese hallazgo es un punto de partida relevante para quienes construyen el debate regional como si América Latina estuviera obligada a elegir entre bloques. La ciudadanía, al menos en Chile, parece haber resuelto esa discusión de manera pragmática.

La inversión extranjera directa es una dimensión relativamente oculta de la diplomacia económica. A diferencia del comercio exterior, la IED implica la transferencia de capital, tecnología de producción y control administrativo para instalar una empresa físicamente en territorio nacional. Por eso tiene efectos directos en las posibilidades de expansión de la economía local, del empleo y de la infraestructura. Se esperan, además, beneficios a largo plazo derivados de los spillover effects y de la introducción de competencia, que aumenten la innovación y los estándares productivos. Son compromisos de largo plazo que requieren un marco institucional estable, pero tampoco se ajustan al primer shock (OCDE, 2025).

El stock de IED representa entre el 40% y el 45% del PIB mundial (Eurostat, 2026) y constituye uno de los pilares de la integración económica internacional. Para las economías en desarrollo, representan capital, tecnología y acceso a mercados que difícilmente se generarían internamente a la misma escala. En América Latina, donde la inversión pública está estructuralmente restringida y la inversión privada doméstica es insuficiente, el capital externo representa una posibilidad real para ampliar la frontera productiva y diversificar la matriz económica.

Sin embargo, la globalización atraviesa una etapa distinta. Tras el peak de los años 2000, la relación entre IED y PIB global ha descendido de forma sostenida. La fragmentación geopolítica, el nearshoring y la incertidumbre en la política económica están reconfigurando las cadenas globales de suministro. Según el Índice Global de Incertidumbre de Política Económica de Baker, Bloom y Davis (policyuncertainty.com, 2025), estamos viviendo el período de mayor incertidumbre económica en más de treinta años. La IED productiva global cayó por segundo año consecutivo en 2024 (UNCTAD, 2025).

América Latina y el Caribe no es la excepción: los flujos equivalen hoy al 2,8% del PIB regional, por debajo del promedio de la década anterior (CEPAL, 2025). Lo más preocupante no es el monto, sino su composición: el crecimiento reciente está impulsado principalmente por la reinversión de utilidades de empresas ya instaladas, no por nuevas firmas interesadas en instalarse.

El título del libro de Urdinez pantea explícitamente la idea de un desplazamiento de la primacía estadounidense por parte de China en América Latina . Pero los datos de IED matizan esa narrativa. En flujos recientes, Estados Unidos concentra el 38% del total regional, seguido de Europa con el 15% y de China con el 2%. Aunque esta última cifra subestima su presencia real dado que una proporción significativa de su inversión llega a través de terceros países o bajo modalidades de concesión y contratos de construcción que no se contabilizan en las estadísticas de balanza de pagos (CEPAL, 2025).

En términos de stock acumulado, la fotografía es aún más reveladora: Europa es el primer bloque inversor histórico en América Latina y el Caribe (Eurostat, 2026) y ocupa la primera posición en la región, con España representando el 15% del stock regional por sí sola (Banco de España, 2025). El debate geopolítico polarizado entre Washington y Pekín simplifica una realidad mucho más compleja.

También importa la composición sectorial de dichas inversiones. Estados Unidos concentra su capital en servicios financieros, tecnología, infraestructura digital y manufactura de exportación, particularmente en el ecosistema de nearshoring de México y Centroamérica, y lidera los megaproyectos de hidrocarburos en Guyana. Europa lidera en energías renovables (solar, eólica e hidrógeno verde) y en servicios de largo plazo (banca, telecomunicaciones y distribución de energía), especialmente en Brasil y México. China orienta gran parte de su inversión a minerales críticos, electricidad e infraestructura física, con inversión greenfield que, entre 2020 y 2024, representó el 52% del total de su IED en la región (CEPAL/Dussel Peters, Monitor OFDI, 2025).

Lo que emerge de este mapa sectorial es una lógica no neutral: cada potencia invierte en línea con su propio proyecto de desarrollo. Estados Unidos ancla el nearshoring para fortalecer su cadena de suministro regional. China asegura los insumos críticos para su propia transición industrial. Europa exporta su modelo de descarbonización. La IED, lejos de ser un flujo apolítico de capital, también es un instrumento de política económica.

Volviendo al experimento de Urdinez: la neutralidad ciudadana respecto al origen del capital no es neutralidad respecto al proyecto de desarrollo. La ciudadanía no tiene preferencia por la bandera del inversionista, pero sí tiene preferencias muy claras sobre lo que espera de esa inversión: empleo y desconcentración económica. Y cuando se trata de recursos estratégicos propios, como el cobre, en el caso chileno, la preferencia es por la empresa nacional.

No toda la IED es equivalente y esta distinción es más importante que su origen. Los megaproyectos de minerales críticos e hidrocarburos generan flujos estadísticos significativos, pero pocos empleos y encadenamientos: el 62% de las exportaciones de minerales críticos de la región se realizan sin procesar o con refinación básica (CEPAL, 2025). En cambio, la manufactura avanzada, la energía renovable y las plataformas tecnológicas generan multiplicadores reales en el empleo formal, la productividad y la base tributaria. La OCDE subraya que atraer IED hacia las renovables, la infraestructura digital y las industrias de media y alta tecnología es la vía más directa para impulsar la transformación productiva de la región (OCDE, 2025).

La pregunta, entonces, no es de quién aceptamos capital. La pregunta es bajo qué condiciones entra y si contamos con las instituciones para sostener esas condiciones frente a actores que tienen mucho más poder de negociación. Países como Chile y Costa Rica muestran flujos de IED, como porcentaje del PIB, consistentemente superiores al promedio regional y al de la OCDE, debido, en gran medida, a la calidad de sus instituciones.

Aquí está el verdadero margen de acción y es institucional. En el contexto actual de incertidumbre global, las instituciones que atraen inversión de calidad son aquellas que combinan dos virtudes aparentemente contradictorias: neutralidad respecto del origen del capital y selectividad respecto de los sectores estratégicos. Neutralidad, porque en un mundo fragmentado en bloques, los países que se atan a un solo inversor pierden poder de negociación y exponen su economía a los vaivenes de una sola relación bilateral. Selectividad, porque no toda inversión contribuye al mismo proyecto de desarrollo.

Los instrumentos de esa política incluyen estrategias de atracción de IED con objetivos sectoriales explícitos, mandatos de contenido local, exigencias de transferencia tecnológica, acuerdos de inversión que equilibren la certeza jurídica y la soberanía regulatoria, instituciones públicas eficientes y colaboración público-privada que permita a los Estados participar del valor generado sin ahuyentar al capital privado. El acuerdo entre Codelco y el sector privado para la explotación del litio, con participación mayoritaria del Estado, es un ejemplo de ese equilibrio posible.

Solo a través de ese tipo de arquitectura institucional la IED puede cumplir con lo que promete: transferencia de tecnología, aumento de la productividad y desarrollo sostenible. La ciudadanía latinoamericana parece saber lo que quiere: empleo, desconcentración y control de los recursos propios. El desafío no es político en el sentido geopolítico del término. Es institucional en el sentido más exigente: construir Estados capaces de sostener una estrategia de desarrollo creíble en un mundo cada vez más fragmentado.

Una parte importante del reordenamiento global se está jugando en espacios que a menudo parecen técnicos: cadenas de suministro, minerales críticos, energía, infraestructura digital, financiamiento e inversión.

Pero detrás de esos temas hay preguntas profundamente políticas: quién controla la tecnología, quién captura el valor agregado y qué países logran transformar la integración internacional en desarrollo.

Seguiré explorando estas preguntas en próximas columnas. Porque entender la economía mundial desde el Sur también implica comprender cómo se reorganiza el poder.

Referencias

• Baker, Scott R., Nicholas Bloom, and Steven J. Davis. “Measuring Economic Policy Uncertainty.” Journal of Political Economy, vol. 124, no. 4, 2016, pp. 1593–1636. Datos actualizados a 2025: www.policyuncertainty.com

• Banco de España. “La inversión extranjera directa entre América Latina y España.” Boletín Económico 2025/T1, artículo 05. Álvarez, I., Berganza, J.C. y Martín Machuca, C., marzo 2025.

• CEPAL. La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2024. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santiago, 2024.

• CEPAL. La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2025. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santiago, 2025.

• CEPAL/Dussel Peters, Enrique. Monitor de la OFDI de China en América Latina y el Caribe 2025: red ALC-China, 2025.

• CFR (Council on Foreign Relations). “China in Latin America: February 2026.” Jonas Wright-Lee, marzo 2026.

• Eurostat. “World Direct Investment Patterns”, Statistics Explained, datos extraídos en enero de 2026. Comisión Europea. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=World_direct_investment_patterns

• OCDE et al. Latin American Economic Outlook 2025: Promoting and Financing Production Transformation. OECD Publishing, París, 2025. https://doi.org/10.1787/80e48de5-en

• OCDE. Assessing the Socio-economic Impact of Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean. OECD Publishing, París, 2025.

• UNCTAD. World Investment Report 2024: Investment Facilitation and Digital Government. United Nations Conference on Trade and Development, Geneva, 2024.

• UNCTAD. World Investment Report 2025. United Nations Conference on Trade and Development, Geneva, 2025.

• Urdinez, Francisco. Economic Displacement: China and the End of US Primacy in Latin America. Cambridge University Press, 2025.

SANTIAGO. El 14 de mayo de 2026, en el Gran Salón del Pueblo de Beijing, se sentaron frente a frente las delegaciones de las dos economías más poderosas del planeta. En esa mesa había representantes del poder ejecutivo y del poder político, con las agendas prioritarias de sus respectivos gobiernos: inteligencia artificial, cadenas de suministro, minerales críticos, seguridad, comercio, estabilidad financiera, entre otros. Temas que redefinirán la economía y el poder global en las próximas décadas. Veintitrés personas alrededor de la mesa. Ninguna mujer.

La primera pregunta que me hago no es moral sino estructural. Las mesas de alto nivel no se arman al azar. Reflejan con precisión las prioridades de los gobiernos que las convocan y el poder económico que las precede.

Un estudio sobre los orígenes de la diplomacia económica chilena en el siglo XIX documenta que fueron los agentes privados, comerciantes, casas de comercio y banqueros mercantiles, quienes precedieron y configuraron los acuerdos formales entre Estados. Los comerciantes ingleses en Valparaíso acudieron al Foreign Office antes de que existiera ningún tratado. La casa Huth & Co. conectó a Chile con Estados Unidos, China, España y Brasil antes de que hubiera acuerdos formales. La diplomacia económica no antecedió al poder económico. Lo siguió. Y el poder económico, en todas las épocas, ha sido desproporcionadamente masculino. La mesa de Beijing no es una excepción histórica. Es su expresión más concentrada en el presente. Lo que se desprende de esto es directo. Si quienes históricamente han convocado esas mesas representan una fracción del mundo, la fracción con capital, con redes, con acceso, el orden que de ellas emerge refleja esos intereses. Agregar la dimensión de género no cambia el argumento. Lo completa.

La tendencia general, sin embargo, en el ámbito del poder económico, ha sido de mejora, lenta pero sostenida. En la Fortune 500, las mujeres pasaron de dirigir menos del 2% de las empresas en el año 2000 a alcanzar un récord del 11% en 2025. En el ranking de billonarios de Forbes, su participación creció desde cifras marginales hace dos décadas hasta el 13,4% actual. En la industria tecnológica, las mujeres representan hoy entre el 27% y el 35% de la fuerza laboral en Estados Unidos, dependiendo de cómo se mida el sector, y cifras comparables en China, aunque las definiciones difieren y la comparación directa no es robusta. En la delegación empresarial que acompañó a Trump a Beijing, de hecho, había dos mujeres: Jane Fraser, de Citi, y Dina Powell McCormick, de Meta.

Sin embargo, los datos sobre el empoderamiento político muestran algo diferente: no una mejora ni un estancamiento, sino un retroceso del liderazgo político femenino a nivel global. El informe Women Political Leaders 2025 documenta una caída en la presencia de mujeres en puestos ejecutivos, como jefas de Estado, de gobierno y ministras de carteras estratégicas. Las causas se atribuyen principalmente al acoso y la violencia que las mujeres en política enfrentan de manera sistemática, especialmente en el espacio digital; normas sociales que todavía llevan a casi la mitad de la población mundial a creer que los hombres son mejores líderes políticos, según el PNUD; la doble carga del trabajo doméstico y de cuidados; el acceso desigual al financiamiento de campaña; y sistemas electorales que, sin cuotas mandatorias, reproducen las jerarquías existentes porque las élites partidarias, mayoritariamente masculinas, eligen candidatos que se les parecen.

Este último punto tiene un nombre académico: homofilia. Quienes tienen el poder de elegir tienden a elegir a quienes se parecen a sí mismos. No es conspiración. Es un mecanismo ampliamente documentado que opera incluso sin intención explícita y produce resultados sistemáticos. Las mesas no están vacías de mujeres porque alguien lo decidió una mañana. Están vacías porque una larga cadena de decisiones institucionales y personales las fue excluyendo antes de que llegaran ahí.

La mesa de Beijing no es una reunión de rutina. Es el lugar donde, de alguna manera, se están conversando las reglas del orden que viene: el que reemplazará al orden liberal construido después de 1945 y que hoy se fragmenta a un ritmo acelerado. He argumentado antes en esta serie que el mundo se mueve hacia una difusión del poder, y que la pregunta decisiva es si ese movimiento deriva en cooperación o en fragmentación.

Lo que se conversa en esas mesas del poder geopolítico va a determinar quién produce qué, en qué condiciones y con qué renta durante las próximas décadas. Las reglas que emerjan de esa conversación tendrán consecuencias distributivas enormes: sobre el empleo, los salarios, qué sectores crecen y cuáles se contraen, qué países logran anclar valor en su territorio y cuáles siguen exportando materias primas.

Que la mitad de la humanidad no esté presente cuando esas decisiones se toman no es solo un problema de representación simbólica. También afecta a hacia dónde se orienta el diseño del orden que emerge de esas conversaciones. Si los intereses que convocan la mesa son masculinos en su composición, la pregunta legítima es hacia qué bien común apunta el resultado.

Hay algo más profundo ocurriendo, además. A medida que la globalización cede espacio a la geoeconomía y a la competencia entre potencias, el poder global parece volver a formas más tradicionales y masculinizadas de organización. El siglo XXI iba a ser, en teoría, el siglo de las redes, la diversidad y la gobernanza global. Pero frente a la fragmentación y la rivalidad estratégica, reaparece una estética mucho más clásica del poder: hombres, Estados, seguridad, industria, control tecnológico y negociación entre potencias.

¿Por qué importa lo que se ve? Porque lo que vemos señala algo.

Un experimento natural en India, la ley de 1993 que asignó liderazgos en concejos comunales al azar, mostró con rigor que la presencia de mujeres líderes redujo la brecha de aspiraciones entre niñas adolescentes en un 32% tras dos ciclos electorales. El mecanismo no es mágico. Es el efecto de ver que algo es posible. Cuando una niña no ve mujeres en los espacios de poder, aprende, sin que nadie se lo diga explícitamente, que ese no es su lugar.

La investigación sobre matemáticas en Alemania del Este y Alemania del Oeste muestra algo similar: misma genética, misma cultura base, cuarenta años de instituciones distintas, y las niñas del Este desarrollaron mayor confianza, menor ansiedad y mejor desempeño en matemáticas. Muchas diferencias que asumimos como naturales son, en realidad, producidas institucionalmente.

La mesa de Beijing, entonces, no es solo un problema de justicia. Es también una señal. Y las señales, especialmente las que provienen de los espacios de poder más visibles del planeta, tienen efectos reales sobre lo que las generaciones que miran creen posible para ellas.

El G20 Brasil 2024 incorporó compromisos de género en sus declaraciones sobre comercio, trabajo y economía digital, un avance real respecto de presidencias anteriores. Pero esos compromisos se concentran en la participación económica: brechas laborales, economía del cuidado, inclusión financiera. En materia de poder político, los únicos compromisos concretos apuntan a aumentar la representación de las mujeres en los cargos de la ONU, no en los propios gabinetes de los países del G20. La distinción no es menor: el G20 puede comprometerse a reformar instituciones externas con más facilidad que a reformarse a sí mismo. Y ya en 2025, el grupo de trabajo sobre el empoderamiento de las mujeres no logró siquiera alcanzar un consenso para emitir una declaración.

Xi Jinping habla de la common prosperity como principio organizador del desarrollo chino. Donald Trump habla de hacer de América una gran nación de nuevo. Dos visiones distintas del mundo, con un punto de convergencia que rara vez se menciona: las conversaciones en las que se diseña ese futuro común no incluyen a la mitad de la humanidad.

No termino con un llamado a la cuota ni con una denuncia. Termino con una pregunta que me hago a mí misma y que les hago a las mujeres que están leyendo esto: si queremos ver mujeres en esas mesas, y creo que debemos querer, porque ahí se está diseñando el orden geopolítico que definirá las próximas décadas, hay que disputar los espacios que las preceden. Las carteras de finanzas, defensa, comercio y tecnología. Los fondos de inversión. Las salas de directorio de las empresas que llegan con sus presidentes para negociar. Sheryl Sandberg tenía razón en algo: hay que sentarse a la mesa. No porque seamos mejores que los hombres, sino porque hay suficiente evidencia de que las mesas homogéneas toman peores decisiones. Y porque la prosperidad que no nos incluye en su diseño difícilmente nos incluirá en sus frutos.

Gita Gopinath, economista de Harvard y ex número dos del FMI, lo resumió con precisión al ver la imagen de Beijing: “A painting of the end of meritocracy: A meeting of the two largest economies and not one woman at the table.” Inexplicable, dijo. Yo agregaría: y evitable.

He escrito antes en este espacio que el mundo está entrando en una nueva etapa de fragmentación y competencia estratégica. Pero hay otra pregunta que también deberíamos hacernos: ¿quiénes están imaginando ese nuevo orden y quiénes siguen quedando fuera de su diseño?

Porque las mesas homogéneas no solo son injustas. También tienden a producir visiones más estrechas del futuro. Y si queremos que las próximas generaciones de mujeres participen en las decisiones que definirán el siglo XXI, no basta con mirar esas imágenes con incomodidad. Hay que disputar los espacios que conducen hasta ellas.

Referencias:

• Beaman, Lori, Esther Duflo, Rohini Pande y Petia Topalova. “Female Leadership Raises Aspirations and Educational Attainment for Girls: A Policy Experiment in India.” Science, vol. 335, núm. 6068, 3 de febrero de 2012, pp. 582–586. DOI: 10.1126/science.1212382.

• Foro Económico Mundial. Global Gender Gap Report 2024. World Economic Forum, Ginebra, 2024.

• Forbes. Forbes World’s Billionaires List 2025. Forbes Media, Nueva York, 2025. https://www.forbes.com/billionaires

• Fortune. Fortune 500 (2025). Fortune Media, Nueva York, 2025. https://fortune.com/ranking/fortune500

• G20 Brasil. Declaración Ministerial sobre Empoderamiento de Mujeres. Reunión de Ministras y Ministros responsables de Políticas de Igualdad de Género, Brasilia, octubre de 2024.

• Lippmann, Quentin y Claudia Senik. “Math, Girls and Socialism.” Journal of Comparative Economics, vol. 46, núm. 3, 2018, pp. 874–888. DOI: 10.1016/j.jce.2018.07.013.

• López-Taverne, Elvira. “Chile y las Primeras Relaciones Diplomático-Comerciales.” Manuscrito no publicado, preparado para la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), Santiago, 2025.

• Unión Interparlamentaria (UIP). Women in Parliament: World Classification. Datos actualizados a enero de 2026. https://www.ipu.org/women-in-parliament

• Women Political Leaders. WPL Report 2025: Women in Politics — Representation, Barriers and Impact. Women Political Leaders Global Forum, Bruselas, 2025.

La industria de semiconductores muestra con claridad que el valor no se concentra necesariamente en quienes poseen los recursos, sino en quienes controlan los nodos estratégicos de las cadenas productivas. América Latina tiene recursos fundamentales para la transición energética, como litio, cobre y otros minerales críticos, pero sigue ocupando principalmente los primeros eslabones de esas cadenas y, por lo tanto, captura una fracción menor del valor agregado.

La Estrategia Nacional del Litio, impulsada por Chile durante el gobierno de Gabriel Boric, representa un intento de avanzar más allá de ese lugar histórico: utilizar recursos estratégicos para construir capacidades productivas, articulando al Estado con el sector privado en torno a objetivos de largo plazo. Porque el desafío no es solo extraer recursos. Es construir posiciones dentro de las cadenas que organizan el poder económico del siglo XXI.

La semana pasada, Chris Miller visitó Chile. Miller es el autor de Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology (Miller, 2022), un libro que analiza a fondo los determinantes de la guerra tecnológica que define nuestra época. Señala algo que parece técnico, pero resulta ser profundamente político: cómo se produce un semiconductor. La respuesta no es la que imaginamos.

No existe un “chip estadounidense”. Existe una cadena. El diseño se realiza en California, donde se genera cerca del 50% del valor agregado total de la industria (BCG & SIA, 2024). Las máquinas que permiten grabar circuitos del grosor de un átomo las fabrica una sola empresa en el mundo, ASML, radicada en Países Bajos. Los materiales vienen de Japón. La manufactura avanzada ocurre en Taiwán, donde TSMC produce más del 90% de los chips lógicos con tecnología por debajo de 7 nanómetros disponibles hoy (BCG & SIA, 2024). El ensamblaje está en el resto de Asia. Ningún país controla todo. Pero cada uno ocupa un nodo que los demás no pueden reemplazar, y juntos sostienen una cadena de la que el mundo entero depende.

De esto podemos aprender al menos dos cosas. La distribución del poder económico global en el siglo XXI no se juega en los productos finales que se consumen, sino en quién ocupa las posiciones dentro de las cadenas globales que otros no pueden reemplazar, y captura el valor que esas posiciones generan. Y la integración económica tampoco es hoy lo que solía ser: no se basa en el intercambio de bienes finales, sino en insumos que forman parte de esas cadenas. Es, por tanto, una integración mucho más profunda, y mucho más difícil de revertir.

Estados Unidos captura el 46% de los ingresos globales de semiconductores, aunque fabrica físicamente solo el 12% de los chips (BCG & SIA, 2024). Esa brecha no es una anomalía contable. Es la medida exacta de lo que implica controlar el diseño, el software y la propiedad intelectual en lugar del proceso físico. El CHIPS Act, aprobado en 2022, destinó USD 52,7 mil millones, de los cuales USD 39 mil millones van directamente a manufactura en suelo estadounidense (U.S. Congress, 2022). Su implementación ha enfrentado turbulencias políticas, pero incluso ese episodio confirma el argumento: la discusión en Washington no es si el Estado debe coordinar la cadena, sino cómo y con qué instrumentos.

¿Y América Latina? La región también ocupa un lugar en las cadenas globales. El problema no es dónde está, sino que lleva décadas en el mismo lugar. Chile y Argentina concentran cerca del 47% de las reservas globales de litio (USGS, 2024). Ocupan el primer nodo de una cadena que termina en las baterías que impulsan la transición energética. Pero China construyó todos los siguientes nodos: controla el 90% de la capacidad mundial de fabricación de materiales catódicos, el 97% de los materiales anódicos y aproximadamente el 75% de la fabricación de celdas (IEA, 2024). Y en el nodo final de la cadena, produjo 12,4 millones de vehículos eléctricos en 2024, lo que representa más del 70% de la producción global (IEA, Global EV Outlook, 2025). El litio representa cerca del 7% del costo de los materiales de una batería (SQM/UBS, 2018), el resto del valor se construye en etapas que América Latina no controla.

Con el cobre ocurre lo mismo y la escala lo hace más evidente. Chile produce el 24% del cobre mundial; Perú, el 12%. América Latina, en su conjunto, extrae cerca del 46% de la producción global, casi la mitad del metal que conecta el mundo (Cochilco/Plusmining, 2024). China, en cambio, tiene solo el 4% de las reservas. Y aun así refina el 45% del cobre mundial (CSIS, 2024). Compra el mineral en el Salar de Atacama y en los Andes peruanos, lo procesa en sus propias plantas, y captura el valor de los nodos siguientes. América Latina ocupa el primer lugar. China construyó todos los demás. Esa asimetría no es geológica. Es política.

La industria de semiconductores muestra con claridad inusual lo que normalmente no se ve en el debate sobre el desarrollo: el valor no se distribuye de forma uniforme a lo largo de la cadena de valor. Está concentrado en los nodos más difíciles de reemplazar, los que requieren más tecnología, mayor coordinación y una inversión sostenida a lo largo del tiempo. Y esos nodos no se construyen espontáneamente. Se diseñan, se financian, se sostienen con políticas de largo plazo. Países Bajos no tienen silicio. Japón no diseña los chips más avanzados. Taiwán no inventó el semiconductor. Pero cada uno encontró un nodo dentro de la cadena que nadie más puede ocupar, y lo convirtió en poder económico.

Nuestra región llega a este momento con una ventaja que no tuvo antes: los recursos que el mundo necesita para la transición energética están aquí y los necesita ahora. Eso abre una ventana. Pero las ventanas se cierran. La Estrategia Nacional del Litio, impulsada por Chile, tenía justamente ese objetivo: no quedarse en el primer eslabón de la cadena, sino avanzar hacia los siguientes, donde se construye el valor que hoy no se captura. Extraer solamente no ancla la renta en el territorio ni genera la próxima industria.

Chris Miller explicó cómo los países desarrollados forjaron la posición de poder que hoy ocupan. Lo construyeron coordinando entre empresas, con apoyo de Estados y entre eslabones de una cadena que ninguno controla por completo, pero en la que todos participan. El mundo está más integrado de lo que imaginamos, y los países dependen unos de otros. La pregunta no es si participar en las cadenas globales. ¿En qué lugar y con qué capacidad avanzar más allá del primer eslabón?

Seguiré escribiendo sobre estos temas en este espacio. El mundo se está reorganizando rápidamente y entender esos cambios requiere algo que hoy escasea: tiempo para reflexionar.

Referencias

• Boston Consulting Group & Semiconductor Industry Association (2021, 2024) Strengthening the Global Semiconductor Supply Chain in an Uncertain Era.

• Cochilco/Plusmining (2024). Mercado internacional del cobre: producción y participación por país. Comisión Chilena del Cobre.

• Center for Strategic and International Studies CSIS (2024). Latin America’s Role in the Global Copper Supply Chain. CSIS.

• International Energy Agency IEA (2024). Critical Minerals Market Review 2024.

• International Energy Agency IEA (2025). Global EV Outlook 2025: Trends in Electric Car Markets.

• SQM/UBS (2018). Lithium Market Outlook: Cost Structure of Lithium-Ion Batteries. Presentación corporativa SQM.

• U.S. Congress (2022). CHIPS and Science Act of 2022.

• U.S. Geological Survey USGS (2024). Mineral Commodity Summaries: Lithium. U.S. Department of the Interior.

La pregunta es cómo se hace eso en la práctica. ¿Por qué algunos países lograron transformar oportunidades en desarrollo sostenido, mientras que otros, con recursos similares, no?

SANTIAGO. En 2023, en mi primer año a cargo de las relaciones económicas internacionales de Chile, participé en dos eventos que no se olvidan fácilmente. En Detroit, dirigentes sindicales norteamericanos se sentaron frente a los ministros de comercio del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). En Auckland, representantes del pueblo maorí participaron activamente en la evaluación del acuerdo comercial CPTPP. No son hechos aislados. Son evidencia de que incluso las economías más abiertas están intentando reinsertar a las comunidades en el corazón de la política económica.

Detroit no fue una elección casual. Es un símbolo del costo humano de la desindustrialización: una ciudad que fue el corazón de la industria automotriz norteamericana y que la globalización dejó prácticamente vacía. La administración Biden convocó allí a sindicatos, pymes y pueblos originarios para sentarlos frente a los ministros de comercio. El mensaje era claro: esta conversación no puede darse sin quienes cargaron con el costo de la integración.

Auckland tampoco fue casual. Y en el Foro de Cooperación Económica Indígena (IPETCA), que opera en el marco de APEC, los pueblos originarios del Pacífico no fueron consultados al margen, sino sentados en la mesa. Como señaló Marilynn Malerba ante los ministros: la economía indígena no se trata solo de riqueza, sino de cuidar a las comunidades.

Esto no es simbólico. Es el reconocimiento de que el diálogo económico internacional necesita convocar a la sociedad civil, a los trabajadores y a las comunidades, o bien perderá legitimidad. Y cuando pierde legitimidad, genera el descontento político que hoy fractura el orden que construyó.

Hay evidencia de que existen alternativas de desarrollo más sostenibles. La desigualdad de mercado es menor en varios países asiáticos que en economías occidentales comparables (OCDE y WID). Corea del Sur, por ejemplo, registraba un Gini de mercado de 0,34, muy por debajo del promedio de la OCDE (OCDE, 2009). No redistribuye solo después: distribuye desde la estructura productiva.

El politólogo Atul Kohli (Kohli, 2004) explicó este patrón: los estados que denomina “cohesivos-capitalistas”, como el coreano, lograron industrializarse organizando la relación entre el Estado y las empresas en torno a objetivos de largo plazo, condicionando los apoyos al desempeño en términos de empleo y productividad.

En Corea del Sur se observan tres mecanismos clave. Primero, la política industrial vinculó el crédito y la protección a metas de exportación, de empleo y de formación (Amsden, 1989; Kohli, 2004; Lim, 2013). Segundo, la inversión en educación precedió a la industrialización, distribuyendo capacidades antes de que el mercado las demandara (Amsden, 1989; UNDP). Tercero, la reforma agraria desconcentró la propiedad antes del despegue industrial (Ban et al., 1980; Kohli, 2004; Kim y Kim, 2021). No fue solo crecimiento. Fue un diseño deliberado para que el crecimiento no concentrara poder desde el inicio.

El programa Saemaul Undong, iniciativa de desarrollo rural de los años 70 en Corea del Sur lanzada para modernizar las zonas rurales, ilustra esa lógica: no llegó después de la migración, sino antes, con infraestructura, educación y participación.

Esto no invalida la redistribución posterior. Los países nórdicos construyeron cohesión social mediante impuestos progresivos y servicios públicos universales. La diferencia no es ideológica. Es temporal: algunos distribuyen antes del mercado; otros corrigen después.

La pregunta, entonces, no es elegir entre ambas. Es cómo hacer las dos cosas y en qué orden. Ambas requieren un Estado con capacidad real: para orientar la estructura productiva, recaudar, proveer servicios y resistir la captura. Esa capacidad no se improvisa. Se construye.

América Latina tiene una deuda pendiente. No se han diseñado estrategias productivas que distribuyan desde el origen, ni se ha desarrollado la capacidad fiscal e institucional para redistribuir después. Nuestras economías no cuentan ni con el plan asiático ni con la capacidad redistributiva nórdica.

Este patrón no es reciente. El Banco Mundial (De Ferranti et al., 2004) mostró que la desigualdad en la región no es solo el resultado del mercado. Tiene raíces históricas: la concentración de la tierra, la desigualdad educativa y el acceso desigual a servicios básicos. No son consecuencias del crecimiento. Son sus condiciones iniciales.

El desafío no es solo técnico. Requiere coaliciones amplias capaces de sostener reformas sin ser capturadas por intereses sectoriales. Y ese ha sido uno de los déficits más persistentes de la región.

El resultado es conocido. Abrimos nuestras economías con rapidez, muchas veces sin estrategia ni mecanismos para distribuir sus beneficios. Las ciudades crecieron, pero no siempre como espacios de movilidad social, sino como territorios fragmentados. No fue solo atolondramiento. Fue también la dificultad de construir relaciones institucionales estables entre el Estado y los sectores productivos.

Esa dificultad no es solo doméstica. Tiene una expresión global.

El Ministerio de Defensa del Reino Unido (UK Ministry of Defence, 2024) proyecta un escenario de Fragmentación: un mundo en el que el poder está difuso, pero nadie coopera. Ese escenario no es abstracto. Es una proyección de lo que ocurre en países que no logran construir coaliciones para el desarrollo. América Latina conoce bien esa dinámica. La fragmentación no empieza afuera. Empieza en casa.

El antídoto es similar en ambos niveles: coordinación deliberada, diálogo institucionalizado y capacidad para construir posiciones colectivas. En ese esfuerzo, mirar hacia Asia puede ampliar la perspectiva. No porque sus experiencias sean replicables, sino porque muestran lo que ocurre cuando un Estado llega con un plan y logra articular actores diversos en torno a objetivos comunes.

La pregunta, entonces, no es solo cómo crecer ni cómo insertarse en la economía global. Es cómo hacerlo construyendo las coaliciones que sostienen ese proceso a lo largo del tiempo.

La próxima columna abordará una dimensión concreta de ese desafío: si América Latina puede capturar el valor de sus recursos naturales y, esta vez, ser diferente.

Referencias

• Amsden, A. (1989). Asia’s Next Giant: South Korea and Late Industrialization. Oxford University Press.

• Ban, S.H. et al. (1980). Rural Development. Harvard University Press.

• De Ferranti, D., Perry, G., Ferreira, F. y Walton, M. (2004). Inequality in Latin America: Breaking with History? World Bank.

• Kim, J. y Kim, S. (2021). Structural transformation and inequality: The case of South Korea. ScienceDirect.

• Kohli, A. (2004). State-Directed Development: Political Power and Industrialization in the Global Periphery. Cambridge University Press.

• Lim, W. (2013). The Chaebol and Industrial Policy in Korea. En Stiglitz, J.E. y Lin, J.Y. (eds.), The Industrial Policy Revolution I. Palgrave Macmillan.

• OCDE, Income Distribution Database. https://www.oecd.org/en/data/indicators/income-inequality.html

• UK Ministry of Defence (2024). Global Strategic Trends: Out to 2055, 7th edition.

• APEC (2023). APEC Advances Indigenous Peoples’ Economic Priorities through Trade. https://www.apec.org/press/news-releases/2023/apec-advances-indigenous-peoples-economic-priorities-through-trade

Es un tema que me ha tocado directamente. Durante mi trabajo reciente en relaciones económicas internacionales, vi como los cambios que se observan en los datos tienen implicancias reales en las dinámicas de una mesa de negociación. El poder global hoy está mejor distribuido, pero eso no garantiza mejores resultados.

Reglas para el resto de nosotros

Por Claudia Sanhueza

SANTIAGO. Por décadas, el poder global provenía de Europa y Estados Unidos. Ciertamente, esa era mi visión cuando pisé por primera vez el Hemisferio Norte como estudiante de posgrado de la Universidad de Cambridge. Sin embargo, estar a cargo de las relaciones económicas internacionales de Chile durante el mandato del ex Presidente Gabriel Boric me reveló cuánto poder puede ejercer el Sur Global, si decide hacerlo.

Esto es evidente no solo en los datos, sino también en la mesa de negociación. En 2025, viajé junto al Presidente Boric, otros ministros y ministras del gabinete, líderes empresariales, académicos, figuras culturales y emprendedores chilenos a India para lanzar la negociación de un Acuerdo de Asociación Económica Integral. Ambas partes seguían las prescripciones de política que los economistas del desarrollo han sostenido por décadas: diversificar socios comerciales, abrir nuevos mercados y profundizar la integración Sur-Sur.

Pero durante el viaje, el presidente estadounidense Donald Trump anunció sus aranceles “recíprocos” contra la mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos, rompiendo las reglas del comercio global. Para el Sur Global, esto fue un golpe en la cara. Nunca esperamos que el desarrollo estuviera libre de problemas y contradicciones. Pero la dirección era clara: una mayor integración económica global potenciaría el crecimiento. Y las reglas e instituciones eran compartidas, hasta que el país que las diseñó decidió eximirse de ellas.

Quizás lo más paradójico es que el sistema multilateral basado en reglas funcionó para el mundo en desarrollo. En 1952, Estados Unidos, con solo el 6% de la población mundial, producía el 40% del PIB global (Milanovic, Foreign Affairs, 2023). Hoy, en cambio, produce cerca del 15% en términos de paridad de poder adquisitivo, mientras China ha pasado de casi nada al 20% (IMF, World Economic Outlook, 2026).

La redistribución se extiende más allá del eje Estados Unidos–China. En los años setenta, la economía de Alemania era el doble que la de India; hoy, la de India es casi tres veces mayor que la de Alemania. El economista Branko Milanović ha llamado esto “el mayor reordenamiento de la distribución global del ingreso desde la Revolución Industrial”.

Como mostraron Milanović y Christoph Lakner, las mayores ganancias relativas de ingresos entre 1988 y 2008 fueron para cientos de millones de personas en torno a la mediana global, en su mayoría en países asiáticos, que pasaron a integrar la clase media. El mismo proceso condujo al estancamiento de los ingresos de las clases trabajadoras y medias de los países ricos. El sistema redujo la pobreza global y desplazó el equilibrio internacional del poder.

La integración a la economía global fue una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo. Los países que más se beneficiaron de la globalización tenían un plan. China es el ejemplo más evidente, pero Corea del Sur, Vietnam, Indonesia y otros siguieron un camino similar: diseñaron estrategias de desarrollo de largo plazo; invirtieron en educación, política industrial y tecnológica; y se integraron selectivamente a los mercados globales.

Los países que carecieron de ese plan, en particular en el mundo desarrollado, abrieron sus economías sin construir la capacidad interna para redistribuir las ganancias. Ese fracaso en gestionar los riesgos de la globalización se ha convertido en un problema de todos, porque generó el descontento político que hoy sacude a Occidente y fractura el orden internacional.

Algunos de los mayores desafíos que enfrenta el mundo hoy, incluyendo el cambio climático y la gestión de la inteligencia artificial, solo pueden abordarse mediante reglas comunes, instituciones compartidas y colaboración transfronteriza. Sabemos que el cambio tecnológico es uno de los principales impulsores del aumento de la desigualdad al interior de los países, y que los más pobres y vulnerables del mundo son quienes sufren las mayores consecuencias de la crisis climática. Ambos problemas exigen diálogo, y ninguno puede resolverse mediante la acción unilateral de los más poderosos.

Muchos de los recursos críticos necesarios para enfrentar el cambio climático e impulsar la transición tecnológica, desde el cobre y el litio hasta las tierras raras y los bosques tropicales, se concentran en América Latina, dándole a la región un nuevo poder. Pero poder sin coordinación genera vulnerabilidad. Y hoy, América Latina carece de una estrategia regional.

Construirla no debería ser un sueño. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático se fundó en el reconocimiento de que las economías más pequeñas necesitan posiciones colectivas, marcos compartidos y estrategias coordinadas para negociar con las grandes potencias desde una posición de mayor fortaleza. En la medida en que las reglas que alguna vez limitaron a esas potencias se debilitan, la solidaridad regional se vuelve aún más importante.

Fortalecer los vínculos entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil de América Latina ya no es una opción: es un imperativo que exige agendas nacionales sólidas.

Si algo nos enseñó la última ola de globalización es la importancia de políticas que redistribuyan equitativamente sus beneficios, fortalezcan los sistemas educativos y utilicen la política fiscal para transformar las rentas de los recursos naturales en inversión pública. Las instituciones públicas deben ser lo suficientemente resistentes a la captura de intereses privados. Las políticas industriales y tecnológicas de largo plazo son indispensables. Esa planificación es la diferencia entre el desarrollo y la dependencia.

Cuando el actual momento de disrupción en el orden internacional abra el camino a su reconstrucción, el Sur Global debe llegar a la mesa con propuestas, no solo con quejas. El orden que hoy se fractura fue construido en gran medida sin nosotros, pero eso no tiene por qué repetirse. Los países que no pueden imponer sus preferencias por la fuerza deben continuar con el trabajo, poco visible pero esencial, de la coordinación y la colaboración. Solo así podremos construir un sistema global en que las reglas se apliquen a todos.

El reordenamiento del poder global abre un nuevo camino, pero este no se traducirá automáticamente en desarrollo.

El desafío no es solo aprovechar las nuevas oportunidades, sino construir capacidades: generar y coordinar estrategias, fortalecer instituciones y transformar recursos en desarrollo productivo y sostenible.

Sobre eso escribiré en este espacio en las próximas semanas.